El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén determinó que la Causa por la Zona Liberada de Plaza Huincul (30 de marzo de 2006) NO PRESCRIBIÓ. Por lo que Sobisch deberá ir a JUICIO ANTES DE NOVIEMBRE DE 2014.
Aquí el Fallo COMPLETO.
Foto: "La Mañana del Neuquén". On Line. 03 de Julio de 2013
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3Xc3khRc75A#at=13
ACUERDO N°83/2013:
En la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los 03
días del mes de julio del año dos mil trece, se constituye la Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los señores Vocales, Dres. ANTONIO
G. LABATE y LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN y con la intervención del señor
Secretario, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos
caratulados “SOBISCH, JORGE OMAR S/ INFRACCIÓN ART. 248 C.P.” (expte. n° 39-año
2013) del Registro de la mencionada Sala; estableciéndose a dichos fines que,
conforme al sorteo de práctica, los votos debían respetar el siguiente orden:
Dr. Antonio G. Labate y Dra. Lelia Graciela M. de Corvalán.
ANTECEDENTES: Por
Resolución Interlocutoria de fecha 27 de diciembre de 2012, el titular del
Juzgado Correccional n° 1, Dr. Alejandro Cabral, declaró extinguida la acción
penal derivada del delito de abuso de autoridad (art. 248 del C.P.) y en
consecuencia decretó el sobreseimiento total y definitivo de Jorge Omar Sobisch
(cfr. fs. 1116/1118 vta.)
En contra de tal
pronunciamiento, la parte querellante dedujo recurso de casación (fs.
1125/1154).
Por aplicación de
la ley 2.153 de reformas del Código Procesal (ley 1.677), y lo dispuesto en el
art. 424 párrafo 2° del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, el
recurrente hizo uso de la facultad allí acordada, por lo que se llevó a cabo la
audiencia oral en la que los letrados que representan a la querella ampliaron
fundamentos, los cuales fueron refutados por el curial del imputado, Dr. Carlos
Martín Segovia (fs. 1181/1183vta.).
A fs. 1184 se
produjo el llamado de autos para sentencia.
Cumplido el proceso
deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea
las siguientes
CUESTIONES: 1°) ¿Es
formalmente admisible el recurso de casación interpuesto?; 2°) Resulta
procedente desde el plano sustancial?; 3°) En su caso, ¿qué solución
corresponde adoptar? y 4°) Costas.
VOTACIÓN: A la
primera cuestión planteada, el Dr. ANTONIO G. LABATE dijo: I.- La impugnación bajo
análisis fue presentada en término, por quien tiene legitimación procesal para
ello y ante el órgano jurisdiccional que dictó el pronunciamiento apelado.
Asimismo, dicha decisión resulta definitiva en tanto extingue la acción penal y
por tanto pone fin a la causa. Por consiguiente, voto por la afirmativa. Tal es
mi voto.
La Dra. LELIA G.
MARTÍNEZ de CORVALÁN, dijo: en virtud de haberse satisfecho plenamente los
requisitos formales que hacen a la interposición del recurso en análisis,
adhiero a la solución propiciada por el vocal ponente a esta primera cuestión.
Mi voto.
A la segunda
cuestión planteada, el Dr. ANTONIO G. LABATE dijo: I.- El entonces titular del
Juzgado Correccional n° 1, Dr. Alejandro Cabral, declaró la extinción de la
acción penal por prescripción y dispuso el sobreseimiento total y definitivo
del imputado Jorge Omar Sobisch. Para así decidir, valoró que transcurrieron
más de dos años desde la citación a juicio, plazo que –desde su perspectiva-
haría viable dicha tesitura conforme lo normado en el artículo 62, inciso 2°
del Código Penal, al haber transcurrido el máximo de la pena prevista para el
delito reprochado.
Dentro del marco
argumental que rodeó su decisión, ponderó que la citación a juicio ocurrió el
día 18 de noviembre de 2010, que se fijó la audiencia preliminar para el 4 de
marzo del 2011 y que a partir de allí se fueron introduciendo en el proceso
diversos planteos. Destaca en particular el plazo en que estuvieron radicadas
las actuaciones en este Tribunal Superior y que éste le remitió la causa
“...sabiendo perfectamente que el suscripto se encontraba de licencia...”
(textual de fs. 1117, el original en negrita).
Hizo hincapié en
que a poco de reintegrarse de su licencia “...dispuso todas y cada una de las
medidas necesarias para que el debate se pudiera llevar sin contratiempos y
proveyendo toda la prueba ofrecida, conforme surge de las 120 fojas que dan
cuenta de todo lo actuado para realizar dichas audiencias...”, debate que
igualmente se vio frustrado porque “...El día 6/11/12 la defensa de Sobisch
informó que su asistido, se encontraba internado en la Prov. de Entre Ríos. Es
así que [...] solicitó a los médicos forenses de aquella localidad que
informaran si ello era cierto y si podría afrontar el juicio en los días
fijados, informando aquellos que tenía una afección cardíaca y que ‘no sería
recomendable afrontar un juicio oral y público al menos hasta el alta médica
sanatorial y el alta por parte de los médicos tratantes’...” (fs. 1117).
Ya en lo medular
del fallo destacó que la prescripción es un instituto jurídico que regula la
pérdida del interés estatal en la persecución penal por el transcurso del
tiempo y que no han existido circunstancias que interrumpan o suspendan el
curso de la prescripción, en tanto “...la no presentación del imputado, ni
siquiera su fuga, son causales de interrupción o suspensión de la
prescripción...”. Por ello –dice el
magistrado- no podrían invocarse, a la luz del principio de legalidad y del
principio pro homine, causales que interrumpan o suspendan el curso fuera de
las que taxativamente enumera el artículo 67 del Código Penal.
Como se señaló ut
supra, dicho pronunciamiento fue recurrido por la Querella por los dos motivos
casacionales (art. 415, incs. 1° y 2° del C.P.P. y C.).
La impugnación expresa
en lo medular que el derecho a la verdad es un derecho humano consagrado en
numerosos instrumentos y que su frustración lleva a la violación de la
obligación general de impartir justicia. En ese marco, sostiene que el Derecho
a la Justicia tiene atingencia con el principio de legalidad.
Como contrapartida,
afirma que la impunidad constituye en sí misma una violación al Deber de
Garantía que le incumbe al Estado en materia de derechos humanos.
Destaca
antecedentes de la tramitación de la causa que a su modo de ver demostrarían la
falta de diligencia de las agencias estatales y la conducta abusiva del
imputado (cfr. fs. 1135/1146), aspecto en el cual también hizo hincapié durante
su alegación oral (cfr. fs. 1181/2).
Adjetiva la
conducta de Sobisch como abusiva y fraudulenta y que el abuso procesal, como
derivación de la teoría del abuso del derecho, no es tolerada en nuestro
derecho positivo (art. 1071 del Código Civil) y que a lo largo de este proceso
el imputado de referencia ha gozado de prerrogativas que otros ciudadanos no
han tenido.
Bajo este marco
teórico, sostiene que la decisión del magistrado correccional soslayó estas
cuestiones, lo que tornaría al decisorio falto de fundamentación, llevándolo a
su vez a la aplicación errónea de la ley sustantiva en torno al instituto bajo
estudio.
Como argumento
complementario, ya en la audiencia in voce celebrada ante los suscriptos,
expresó que el artículo 62 del Código Penal no prevé la situación de los
delitos de pena conjunta y que el tipo penal atribuido a Sobisch tiene penas
combinadas de prisión y de inhabilitación (dos años de prisión y cuatro de
inhabilitación), y que sobre ello hay dos hipótesis: a) que se debe considerar
el plazo de la pena más grave (en el caso, la pena privativa de la libertad), y
b) que el plazo de la prescripción debe computarse con la pena de mayor
duración, independientemente de cuál es la pena más grave; señalando que a su
juicio esta última, es la tesis correcta (cfr. fs. 1182 y vta.).
Todos estos
planteos fueron refutados por la Defensa, destacando en primer lugar que el
último argumento no fue introducido en el recurso original y que la competencia
del tribunal de alzada lo ha sido por los motivos allí contemplados, por lo que
no pueden introducirse otros sin afectarse el derecho de defensa. Agregó que si
bien es cierto que no hay previsión legal para definir cuándo opera la
prescripción en los casos de penas conjuntas, hay un orden de prelación fijado
por el legislador al referirse a las penas –art. 5° del C.P.-, que ubica a la
inhabilitación en lo último de su enumeración. Por lo tanto, no cabe duda que
la prescripción debe regirse por la pena más grave, que es la de prisión.
Por lo demás
destacó que contrario a lo sostenido por su contraparte, no existieron actos
que interrumpan o suspendan el curso de la prescripción, añadiendo que
cualquier intento de otorgar entidad interruptora a situaciones no contempladas
en el Código Penal implicaría, para el tribunal que así lo establece, la
arrogación de facultades legislativas.
Negó que su
asistido hubiera entorpecido el trámite de la causa; que no mantuvo una
conducta elusiva; que los recursos presentados resultaban inherentes a su
derecho de defensa y que los mismos eran inobjetables desde el plano procesal,
más allá del resultado adverso a su interés. En vista de todo ello dejó pedido
que se homologue el fallo dado en la instancia anterior (cfr. fs. 1182 vta./3
vta.).
Luego de efectuado
un análisis del recurso, la resolución cuestionada y las demás constancias del
legajo que guardan relación con el caso, soy de opinión, y así lo propongo al
Acuerdo, que la casación deducida debe ser declarada procedente, por las
razones que paso a exponer.
Toda decisión de un
magistrado en torno a la declaración de prescripción de la acción penal debe
estar sujeta a un doble análisis que comprende aspectos bien diferenciados: el
primero de ellos está referido al cómputo del plazo de la prescripción de la
acción penal. Para ello debe valorar si “...ha transcurrido el máximo de
duración de la pena señalada para el delito...” (art. 62 del C.P.).
El segundo nivel de
análisis remite a determinar la existencia o no de actos con entidad suficiente
para interrumpir o suspender la prescripción de la acción penal (art. 67,
ídem).
Obvio es decirlo,
para establecer esta segunda cuestión debe tenerse clara la respuesta al primer
interrogante. Ello es así puesto que resultaría insustancial preguntarse sobre
la existencia de actos de presunta naturaleza suspensiva o interruptora si el
término de prescripción aún no ha operado.
Para explicarlo del
modo más llano: si a una persona se le imputa un hecho calificado como Robo
(art. 164 del Código Penal), cuyo máximo punitivo es de seis años de prisión;
ningún sentido tendría establecer si han existido situaciones que suspendan o
interrumpan el curso de la prescripción cuando aún no transcurrió un límite
temporal semejante.
Traspasado este
ejemplo al caso que nos ocupa, no existe controversia en cuanto al delito que
se le atribuye al señor Jorge Omar Sobisch. El mismo se encuentra previsto y
reprimido en el artículo 248 del Código Penal, cuya fórmula normativa es la
siguiente:
“Será reprimido con
prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el
funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las
constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o
resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo
cumplimiento le incumbiere”.
Como se puede
apreciar, la norma prevé una pena máxima de dos años de prisión y
(conjuntamente con ella) una pena máxima de cuatro años de inhabilitación.
Frente a ello, lo
primero que debió haber hecho el Juez Correccional es establecer cuál de los
dos períodos computaba en su análisis. Y si bien de un modo tácito optó por
atender al máximo de la pena privativa de la libertad en desmedro del término
de mayor prescripción (que es la pena de la inhabilitación); ello se contrapone
con la más destacada doctrina (vgr. Soler, Creus, Zaffaroni, Lascano, De la
Rúa, Núñez –solo para mencionar algunos-), como así diversa jurisprudencia
nacional (vgr. Cámara Nacional de Casación Penal, Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, T.S.J. de Misiones) e incluso la de
este Tribunal Superior de Justicia; lo que le imponía de su parte (al menos)
algún tipo de aclaración o justificación superadora en este punto.
Veamos de qué modo
ha interpretado la mejor doctrina esta situación:
Ricardo C. Nuñez
expresa que “(...) Para elegir la pena determinante de la prescripción de la
acción penal en el caso de penas paralelas o alternativas o en caso de concurso
ideal, no rige la mayor gravedad de la pena de acuerdo con el art. 5, sino la
pena de mayor término de prescripción, porque de ella depende la mayor
subsistencia de la acción penal...” (cfr. “Las Disposiciones Generales del
Código Penal”, ed. Marcos Lerner, pág. 283).
En igual sintonía,
Sebastián Soler expresa: “...Cuando se contienen penas paralelas, es preciso
tomar en cuenta la de mayor prescripción...” (cfr. “Derecho Penal Argentino”,
Tipográfica Editora Argentina, t. II, Bs. As., 1988, pág. 543).
Jorge de la Rúa lo
desarrolla del siguiente modo: (...) En el caso de que el delito esté conminado
con penas paralelas, se toma el plazo de la mayor, lo mismo que en el caso de
penas conjuntas o accesorias...” (“Código Penal Argentino. Parte General”, 2°
edición, ed. Depalma, fs. 1073).
Jorge Baclini, por
su parte indica: “(...) El plazo de la prescripción es conjunto y único, aún
cuando el delito esté castigado con penas alternativas (por ejemplo, prisión o
multa, art. 110 c. Penal) o conjuntas (por ej. multa e inhabilitación).
Entonces, cuando se trata de penas conjuntas o alternativas (también llamadas
paralelas), hay consenso en señalar que hay un solo término de prescripción, toda
vez que del delito surge una única acción. En tal sentido, la solución
mayoritaria es la de extender el término de la prescripción a la de mayor
extensión, aunque ésta sea de menor rango dentro de la escala del artículo 5
del Código...” (cfr. “Prescripción Penal”, ed. Juris, Sta. Fe, 2005, pág. 63).
David Baigún y
Eugenio R. Zaffaroni, contestes con los lineamientos ya explicados expresan:
“(...) Si el delito imputado está conminado con penas alternativas o conjuntas,
o si una de las penas es principal y la otra accesoria, el plazo de
prescripción es único y no se rige por la pena de naturaleza más grave según el
orden del art. 5°, sino por la pena de mayor término de prescripción, porque de
ella depende la mayor subsistencia de la acción penal...” (cfr. David Baigún y
Eugenio Raúl Zaffaroni. Directores, Marco A. Terragni. Coordinador, “Código
Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, ed.
hammurabi, 2° edición, Bs. As., 2007, pág. 221).
Consonante con
estos conceptos, Adolfo Calvete expresa: “(...) Aunque respecto de algunos
delitos el codificador estableció la aplicación de penas combinadas –conjuntas,
alternativas o accesorias- solo una de ellas es tenida en cuenta en el Código
Penal a los efectos de este instituto, ya que también es única la acción
emergente de cada delito. Así, mientras una de las penas mantenga la
subsistencia de la acción, puede aplicarse la otra que, considerada en su
individualidad, habría determinado la prescripción. Por otra parte, se entiende
que en estos casos la prescripción no se rige por la pena de naturaleza más
grave (conf. art. 5 y 57, C.Pen.) sino por la de prescripción mayor, más
prolongada o, dicho en otras palabras, el término de mayor extensión...” (cfr.
“Tratado de la prescripción de la acción penal”, ediciones La República,
volumen I, Bs. As., 2008, págs. 271 y 272).
Sin pretender
agotar aquí la doctrina en este punto, Andrés J. D’Alessio se ha expedido en el
mismo sentido, al referir que: “(...) si bien los plazos de prescripción de la
acción están estructurados a partir de la gravedad del delito imputado, para lo
cual se toma como parámetro la entidad de la pena prevista en la figura
delictiva en cuestión, debe tenerse en cuenta que en varios casos el código
prevé la aplicación de penas conjuntas, alternativas o accesorias. En esos
supuestos, el plazo no se rige por la pena de mayor gravedad, sino por la de
mayor término de prescripción...” (cfr. “Código Penal comentado y anotado”, ed.
La Ley, Bs. As., pág. 62).
Igual criterio
suele adoptarse en la jurisprudencia nacional:
“(...) Establecida
entonces la existencia de penas conjuntas en el tipo seleccionado y que –sin
incidencia en el tema la gradación formulada en el art. 5° de la Ley
sustantiva- la de mayor término de prescripción es la de inhabilitación
(absoluta, por el doble de tiempo de la condena), cabe consecuentemente
descartar la aplicación en el sub lite del dispositivo del art. 62, inciso 4°,
del Código Penal...” (cfr. C.N.Crim. y Corr., Sala VII, c. 40.843, “Duarte
Ferreira, Julio C., rta. el 26/05/11, tesitura seguida por la misma Sala en los
autos “Kin, Sung Chul y otros, c. 41.308, rta. el 24/08/11); “(...) Habiéndose
impuesto en el caso penas conjuntas [...] el plazo de prescripción se rige por
el término mayor, pues ‘se trata de un castigo total y único que merece la
conducta del reo por la ejecución de un solo delito’...” (C.N.C.P., Sala IV,
“Flores Apala, Lidia s/ recurso de casación”, c. 1549, rta. el 11/11/99);
“(...) El término de prescripción es único si se trata de delitos reprimidos
con penas alternativas o conjuntas o si una pena es principal y la otra es
accesoria. La prescripción no se rige entonces por la pena de naturaleza más
grave, sino por la pena a la que corresponde el mayor término de
prescripción...” (C.N.C.P., Sala II, “Telis, José María s/ recurso de
casación”, rta. el 06/07/00).
Lo mismo en los
propios antecedentes de este Tribunal Superior en un caso de sustancial
analogía al presente: “(...) aún admitiendo la tesis contraria bajo la cual se
permitiera aplicar retroactivamente la ley 25.990, la acción penal no se
hallaría prescripta por no haber transcurrido el plazo máximo previsto en la
norma [...] debe estarse al máximo tiempo de duración para el delito de que se
trate, que en el caso sería de cuatro años (en referencia al lapso de
inhabilitación previsto en el artículo 248 C.P.) [...] Dicha evaluación, aún
susceptible de crítica conforme los argumentos de la Defensa, ha tenido cierto
eco dentro de la doctrina [...] Es de destacar que diversos Tribunales del país
han adoptado la doctrina que se inclina por la pena de mayor extensión [...]”
(cfr. R.I. n° 55/06, rta. el 27/04/06, magistrados: Eduardo F. Cia, Ricardo T.
Kohon, Lorenzo W. García, Luis E. Silva Zambrano e Isolina Osti de Equivel).
En síntesis, tanto
la doctrina mayoritaria como los antecedentes jurisprudenciales mencionados
conducían a que el magistrado correccional ponderara el plazo máximo de cuatro
años, que se corresponde con la pena de prescripción mayor. En su lugar, sin
argumento jurídico alguno, tomó en consideración con exclusividad el término de
la pena privativa de libertad, lo que lo llevó a sostener de modo erróneo la
extinción de la acción penal.
Pero aún más: en
lugar de prestar atención a tan elemental aspecto, hizo valoraciones impropias
de la judicatura, siempre a modo de excusa por el supuesto fenecimiento de la
acción penal, al señalar, por ejemplo, que este Tribunal Superior le remitió la
causa a sabiendas de que se hallaba en uso de licencia ordinaria por
compensación de feria y que debió reparar esa situación disponiendo con
urgencia las diligencias que tendían a la celebración del juicio (aspecto que
se encargó de remarcarlo especialmente en su fallo).
Ese tipo de
argumentos e imputaciones deslucen la argumentación del juez correccional, pues
deja entrever su desconocimiento en el tópico ya señalado e implica a su vez
soslayar los recursos y herramientas legales que siempre están al alcance para
superar las situaciones de vacancia o ausencia transitoria de magistrados.
Si se comparte lo
anterior y se toma en consideración aquel acto interruptivo previsto en la ley
sustantiva que es la citación a juicio (art. 67 inc. “d)” del C.P.), ocurrida
en fecha 18 de noviembre del 2010 (extremo sobre el cual no hay controversia),
dicho plazo de prescripción operará recién el 18 de noviembre del 2014.
La solución que
propicio torna insustancial que me expida sobre los restantes agravios de la
Querella, en cuanto a una supuesta lesión a la tutela judicial efectiva de las
víctimas, o aquellos otros que hacen al supuesto déficit de motivación del
decisorio en torno a la conducta abusiva del imputado en el plano procesal.
Esta afirmación, no
obstante, me lleva a una aclaración adicional por el modo en que resultó
introducido el argumento adicional que -a mi modo de ver- resulta dirimente
para la solución del caso: es cierto que la censura vinculada con el modo de
computar el plazo de prescripción no estuvo presente en el marco del recurso de
casación glosado a fs. 1125/1154, tal como lo destacó el letrado defensor en la
audiencia in voce (cfr. fs. 1183). Pero de todas formas, el motivo en que se
incardina este argumento –errónea aplicación de la ley sustantiva- sí se
postuló en el documento casacional. A ello se agrega que esta cuestión se hizo
en el marco de la audiencia y como se observa del acta que la documenta, la
Defensa pudo refutar ese argumento debidamente (cfr. fs. 1181/1183 vta.).
En consecuencia, no
ha existido un nuevo motivo de casación, más allá de la deducción de un
argumento adicional que hace al apuntalamiento de ese motivo sustancial (art.
415, inc. 1° del C.P.P. y C.), el cual fue debatido plenamente en la instancia;
quedando así esta Sala Penal habilitada para su tratamiento.
En mérito a todo lo
expuesto y como ya anticipara, la casación debe ser declarada procedente. Tal
es mi voto.
La Dra. LELIA G.
MARTÍNEZ de CORVALÁN, dijo: adhiero al razonamiento y a la conclusión que
propicia el colega que me ha precedido en la votación.
De todas formas, me
permito remarcar y agregar lo siguiente:
I) Jorge C.
Baclini, que es uno de los tratadistas que refirió previamente el Dr. Labate
(si bien se enrola en una línea argumental opuesta) destaca que la
interpretación explicada previamente por mi colega resulta una postura
mayoritaria (cfr. op. cit., pág. 43).
Es entonces una
exégesis consecuente con una posición doctrinal y jurisprudencial consolidada y
dominante en la materia, compartida por los más destacados tratadistas y
juristas: Soler, Núñez, Zaffaroni o De la Rúa, entre muchos otros. Pero además
este criterio ha sido acuñado por este Tribunal Superior en un fallo de
relativa actualidad, en donde se rechazó un pedido de prescripción de la acción
penal en torno a una figura delictiva idéntica y con similar argumento (cfr.
expte. n° 490/03 del Registro de la Secretaría Penal, Resolución Interlocutoria
n° 55/06, ya citada).
Por ello, aún
cuando pudieren existir fallos con una interpretación diferente (vgr. C.N.C.P.,
Sala III, causa 15919 “Tradefin S.A. s/ recurso de casación”), considero que el
criterio sostenido por el vocal preopinante es el correcto y a ello adhiero.
Como una breve
acotación complementaria, vale recordar que lo que sirve de fundamento a la
prescripción es “...la pérdida de toda utilidad en la aplicación de la pena que
el autor del delito merece por ley...” (C.S.J.N., Fallos 328:2056, voto de la
Dra. Argibay, el subrayado es propio), y mal podría tildarse a una pena
válidamente sancionada por el Congreso de la Nación como inútil, superflua o
pensada para no tener efecto; y así sería de no considerarse (a los fines de la
prescripción) la pena de inhabilitación que contempla el delito de abuso de
autoridad por el que viene siendo imputado Jorge Sobisch.
Si bien nuestro
Máximo Tribunal Nacional no se ha expedido en este punto, el artículo 35 inciso
“d” del Reglamento de Investigaciones aprobado por acordada 8/96 de ese Máximo Tribunal, fija
–en cuanto al término para ejercer la potestad disciplinaria- (para el caso de
que la irregularidad lo fuere en un ilícito penal) “...el mayor plazo de
prescripción contemplado en el Código Penal...”; temperamento aplicado en su
resolución de fecha 4/07/06 (suscripta por sus actuales miembros) y que llevó
al rechazo de un planteo de cierta similitud (C.S.J.N., Fallos: 329:2508); lo
que deja entrever, en cierta medida, la receptación de esta exégesis.
II) Coincido
también con las apreciaciones del voto de apertura en el tópico de la admisión
del agravio que define la suerte de este Acuerdo. En efecto:
a) En primer lugar,
a modo de introducción y sin pretender justificar el yerro del Juez
Correccional, vale destacar con franqueza que la Querella no ha aportado este
elemental argumento durante la vista que se le corrió para evacuar el planteo
de prescripción articulado por la Defensa (cfr. fs. 1100/1111).
Incluso no hizo ese
aporte durante la preparación del recurso de casación (cfr. fs. 1125/1154),
pues en lugar de ello culpó a las “agencias estatales” y al imputado por las
demoras en el trámite del sumario, queriendo asimilar ello a causales interruptivas
del curso de la prescripción.
Aquel andamiaje
argumental, del modo en que fue originalmente propuesto, hacía traslucir una
pretensión que en cierta manera llevaba a una interpretación extensiva del
artículo 67 del Código Penal en perjuicio del imputado, extremo que fue
correctamente contestado por el letrado de la defensa; pudiendo agregarse
incluso que el único pedido de pronto despacho formulado por la querella en
esta instancia es el que figura a fs. 697/700 en torno al dictado de un auto
intermedio (la admisibilidad formal o no del recurso), que para esa fecha no
era de práctica dictar.
b) Por ello, como
refuerzo de su canal recursivo y como bien lo señaló el Dr. Labate, trajo a la
audiencia in voce la censura complementaria referida al error en el cómputo del
plazo de prescripción, extremo que lleva a evaluar necesariamente su
tempestividad.
Como es sabido, la
prescripción es de “orden público” y opera “de pleno derecho”, por ello puede
ser declarada en cualquier instancia del juicio y por cualquier tribunal, tal
como lo ha establecido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en incontables fallos cuya cita omito por razones de extensión.
Para ello no
resulta necesario petición previa, ni se está sujeto a los argumentos que
formulen las partes (cfr. Sproviero, Juan “Prescripción de la acción y de la
pena”, Editorial Ábaco, Bs. As., 2001, págs. 184 y 185).
De todas maneras,
la cuestión atinente al orden público no puede llevar a interpretar que esta
Sala supla las instancias naturales del trámite para una decisión opuesta a la
declaración de prescripción de la acción penal. En efecto: “(...) afirmar el
carácter de orden público del recurso no legitima a los tribunales a obviar las
instancias procesales legalmente previstas y a declarar de oficio que la acción
penal no se ha extinguido, cuando tal decisión depende de la discusión de
aspectos fácticos y jurídicos. La declaración de oficio de la subsistencia de
la acción penal, en todo caso, sólo puede ser justificada excepcionalmente, en
aquellos supuestos en los que la declaración de prescripción violenta el orden
público internacional...” (C.S.J.N., Fallos: 328:3928, voto del Dr. Enrique
Santiago Petracchi, considerando n° 13°, doctrina continuada luego en Fallos:
332:2539).
De allí que tome
relevancia determinar si el agravio fue introducido en término.
En respuesta a
ello, vale destacar que aquella temática se discutió ampliamente en la
audiencia prevista en el artículo 424 del Código Procesal Penal, que es el
“acto central” del juicio de casación (cfr. Fernando de la Rúa, “La Casación
Penal”, ed. Depalma, Bs. As., 1994, pág. 247).
Este no es un dato
menor, ya que de ser aquel momento una mera repetición del documento escrito,
tal audiencia perdería virtualidad y llevaría a una regulación excesivamente
formalista de la casación, de modo contrario a la doctrina fijada por nuestra
Corte.
Si bien es cierto
que esta última afirmación no es absoluta y encuentra su tamiz en que la parte
no sorprenda a la contraria con cuestiones o argumentos que impidan el adecuado
ejercicio de la defensa (situación que debe evaluarse en cada caso particular)
la consulta del legajo permite apreciar que la discusión ceñida al motivo de
casación introducido oportunamente (“Errónea aplicación de la ley sustantiva”,
textual del recurso, fs. 1128), se dirige sin duda a la interpretación y
aplicación de solo dos artículos que regulan el instituto de la prescripción de
la acción penal: los artículos 62 y 67 del Código Penal. Al ser ello de esta
forma, era previsible que la Querella alegara sobre el modo en que podía
interpretarse la segunda hipótesis del primero de los artículos citados. Y a
tal punto era predecible esa situación para la Defensa que pudo exponer con
pulcritud la tesis opuesta, con argumentos y jurisprudencia vinculada a su
pretensión (cfr. nuevamente el acta de fs. 1181/1183 vta.).
En síntesis, el
argumento que aquí se estimó dirimente no sólo se introdujo en la audiencia que
se fijó al efecto, sino que además hubo un desarrollo eficaz de la Defensa, la cual
no se vio sorprendida por los argumentos de la contraria; lo que lleva a
descartar un estado de indefensión o la conculcación a las elementales reglas
del debido proceso.
Con estas
aclaraciones y como ya anticipara al comienzo, adhiero a la solución propuesta
por el Dr. Antonio G. Labate. Tal es mi voto.
A la tercera
cuestión, el Dr. ANTONIO G. LABATE dijo: El error del magistrado correccional
debe repararse en esta instancia (art. 428 del C.P.P. y C.). Por lo tanto, al
haberse demostrado durante el tratamiento de la cuestión anterior la
subsistencia de la acción penal, habrá de casarse el pronunciamiento del
magistrado por errónea aplicación de la ley sustantiva, dejándose el mismo sin
efecto y declarándose en su lugar la vigencia de la acción penal en relación al
imputado; devolviéndose las actuaciones a origen para la inmediata prosecución
del trámite de la causa.
La Dra. LELIA
GRACIELA M. DE CORVALAN, dijo: Adhiero a lo postulado por el vocal ponente a
esta tercera cuestión. Mi voto.
A la cuarta cuestión,
el Dr. ANTONIO G. LABATE dijo: En virtud del resultado arribado, corresponde
eximir de costas al recurrente (Arts. 492, a contrario sensu, del C.P.P. y C.).
Mi voto.
La Dra. LELIA
GRACIELA M. DE CORVALAN dijo: Adhiero al voto del señor Vocal preopinante en
primer término, por compartir la respuesta que da a esta cuarta cuestión. Así
voto.
De lo que surge del
presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- DECLARAR ADMISIBLE desde el plano formal el
recurso de casación deducido a fs. 1125/1154 por los Dres. Ricardo Mendaña y
Gustavo Palmieri, como representantes de la parte Querellante (arts. 397, 421 y
concordantes del C.P.P. y C.). II.- HACER LUGAR a la impugnación antedicha y
por consiguiente CASAR el pronunciamiento apelado por errónea aplicación de la
ley sustantiva (art. 415, inc. 1°, ídem), dejándose sin efecto el auto
interlocutorio del a-quo de fs. 1116/1118 vta. III.- DECLARAR LA SUBSISTENCIA
de la acción penal dirigida contra el imputado JORGE O. SOBISCH, en virtud de
las consideraciones expuestas (art. 62, inc. 2°, en función del art. 248, ambos
del Código Penal). IV.- DEVOLVER las actuaciones al Juzgado de origen para la
inmediata prosecución del trámite (art. 428 del C.P.P. y C.). V.- Regístrese,
notifíquese y cúmplase por Secretaría con la remisión ordenada.
Con lo que finalizó
el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación por
ante el Actuario, que certifica.
ANTONIO G.
LABATE GRACIELA M. de CORVALÁN
Vocal
Vocal
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En ellas expresan violaciones a los derechos humanos, las mismas violaciones que venía denunciando Cristian Ibazeta (testigo clave en el juicio a 23 policías torturadores de la U11) que fué asesinado, en un lugar donde había vigilancia con cámaras dentro de la cárcel (se les pasaron 20 puntazos que fueron a dar al cuerpo de Cristian).
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Tiene un pacto de silencio, tiene un pacto de impunidad.
Del encuentro participó el coro de niños de la Escuela 5 de la localidad de Toay, que nos deleitaron con unas canciones, haciendo el acto mucho más emotivo y conmovedor.
Desde la COCAPRE queremos denunciar la maniobra política del fiscal DIMAGGIO (ver imagen al lado, 100% REPUDIABLE) en relación a poner en duda el testimonio de la compañera que reconoció a Poblete como autor del disparo que asesinó a Carlos Fuentealba, y al cuestionar también la labor de la ex fiscal Sandra Gonzalez Taboada y en definitiva todo el proceso judicial de la causa Fuentealba I.
Este accionar tiene una clara intención de interés político sobischista de desprestigiar y escarmentar la actuación de la fiscal Gonzalez Taboada en la investigación detallada, comprobada y RATIFICADA POR EL TSJ DE NEUQUÉN Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION.
De esta forma es clara la maniobra para desviar la atención pública y detener de alguna forma lo fundamental, que es que POBLETE sigue teniendo beneficios, salidas (públicamente conocidas) y evitar de esa forma SU TRASLADO A LA CARCEL FEDERAL.
Es asi como Poblete sigue en la U11 EN LA CASA DE PREEGRESO, alojado junto un policía condenado a diez años por la violación de una oficial de policía, este es el testigo-amigo de Poblete.
La misma fiscal y la misma Cámara que lo condenó por violación, son los denunciados por Dimaggio. Es el montaje de un “circo” y alertamos a la comunidad en general que no existen “argumentos jurídicos” para dar vuelta atrás la sentencia a Poblete.
Esta denuncia FALAZ, TIENE LA CLARA INTENCIONALIDAD POLÍTICA, EN MEDIO DE LA REAPARICION DEL (exgobernador) SOBISCH como presidente del MPN, QUE OLVIDEMOS SU DEUDA CON LA JUSTICIA SOBRE LA CAUSA PLAZA HUINCUL; Y FUNDAMENTALMENTE DESVIAR LA RESPONSABILIDAD EN LA CAUSA FUENTEALBA II.
El fiscal Dimaggio cipayo de Sobisch fue el
