El CELS se presentó en la causa Fuentealba II

El representante del Cels que promueve un recurso de Amicus Curiae por el caso Fuentealba II, dijo que la autonomía de los familiares permite avanzar en las responsabilidades políticas del hecho.

Diego Morales –el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales- sostuvo que es importante que las víctimas o los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos tengan más participación en las investigaciones judiciales. “La determinación de otras responsabilidades (políticas) está vinculada a la posibilidad de aportar ciertas medidas de prueba que ayuden a trabajar líneas de investigación que lleven a determinar o no las grandes responsabilidades. Esta tal vez es la apuesta mas fuerte de Fuentealba II. Es decir, incorporar medidas de prueba que ayuden a determinar esas responsabilidades”, sostuvo.

Morales dialogó con el programa La Palangana de FM UNC-Calf, sobre la presentación del recurso de Amicus Curiae (amigo de la corte) que el Cels hizo efectivo esta semana ante el Tribunal Superior de Justicia. “Aun no recibimos ninguna notificación de si somos aceptados o no, pero esperamos que se produzca pronto”, dijo.

La intención de esta ONG porteña, es participar en la causa Fuentealba II, en donde se intenta establecer las responsabilidades políticas de funcionarios públicos y policiales en la represión que llevó al asesinato del docente Carlos Fuentealba, en abril de 2007.

“En el caso Fuentealba II nos presentamos como Amicus Curiae, enunciando varios antecedentes del derecho nacional e internacional que habilitan el uso de esta figura. Antecedentes jurisprudenciales que habilitan a las víctima o familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos a presentarse en acciones penales”, explicó.

Para Morales, el objetivo es investigar la responsabilidad de funcionarios políticos y funcionarios jerárquicos policiales con relación al hecho concreto del asesinato de Carlos Fuentealba. “Es un punto interesante porque las divergencias que puedan existir con la investigación del fiscal, pueden ser serias. Entonces el derecho internacional en ese caso, dice que las víctimas o los familiares de las víctimas tienen cierta autonomía para sostener o solicitar ciertas medidas de prueba que ayuden o colaboren en la determinación de estas responsabilidades”.

Explicó que en la mayoría de estos casos se llega a las responsabilidades de los autores materiales. Pero que la determinación de otras responsabilidades “está vinculada a la posibilidad de aportar ciertas medidas de prueba que ayuden a trabajar ciertas líneas de investigación que lleven a determinar o no las grandes responsabilidades. Esta tal vez es la apuesta mas fuerte de Fuentealba II. Es decir, incorporar medidas de prueba que ayuden a determinar esas responsabilidades”.

Sostuvo además que la ilegalidad de la represión de Arroyito “está mas que clara. No hay ningún antecedente que pueda vincular el hecho con alguna práctica legal. Esto está claro. Y sobre todo a partir de las investigaciones que se han realizado”.